Gacetas Participación ciudadana e inseguridad publica
Gaceta 17 sobre inseguridad pública
Participación ciudadana e inseguridad pública
Durante los últimos años, en México se ha presentado un incremento sostenido en el número de sucesos delictivos, lo cual ha contribuido al deterioro del tejido social. Hoy en día, el problema de la violencia expresada bajo la forma de delincuencia, repercute sobre la calidad de vida, la salud y sobre todos los aspectos que viven los mexicanos: económicos, políticos, sociales y culturales.
De acuerdo con distintas agencias internacionales, México se encuentra entre una de las regiones más violentas del mundo (OPS 1994, Banco Mundial 1993; cit. en Ramírez y colaboradores 2001 y en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD—), y por tanto una de las más inseguras, donde la corrupción y los hechos delictivos son una realidad cotidiana, y donde además, algunas de las políticas implantadas para combatirlos no cuentan con un seguimiento continuo, sino que, muchas de las veces, se rigen por los criterios de la administración en turno.
El problema de la delincuencia es un fenómeno complejo que debe ser abordado tomando en cuenta su naturaleza multicausal, de esta manera, los factores que han de considerarse para establecer un diagnóstico preciso relacionado con el aumento de la criminalidad son de tipo socioeconómico, demográfico, geográfico, político y cultural.
Desde un punto de vista socioeconómico, México se caracteriza por un bajo nivel de vida y una desigual distribución de riqueza, lo que ocasiona que una parte importante de la población sea afectada por la marginalidad y desigualdad social, situación que se ve reflejada en las insuficientes oportunidades laborales, generando desempleo y subempleo.
Un indicador utilizado para el análisis de la criminalidad, es el producto interno bruto (PIB); bajo la hipótesis de que las crisis económicas multiplican la delincuencia, en nuestro país se ha visto que cuando PIB registra un decremento, la delincuencia alcanza un incremento de dos dígitos (Reforma 2004). A pesar de esto, la delincuencia no puede explicarse únicamente por factores económicos; así por ejemplo, los países en vías de desarrollo, y ciertos países desarrollados atribuyen parte de su criminalidad a la pobreza existente, sin embargo, en algunos países como Estados Unidos, Canadá y Japón, la tasa de criminalidad ha aumentado con el desarrollo socioeconómico. Razón que no explica entonces del todo el problema delincuencial.
Asociado a los factores socioeconómicos se encuentran los políticos, por ejemplo, la inestabilidad, la incipiente de participación ciudadana en la vida política del país, la globalización con la consecuente intervención extranjera y el juego de partidos; que fomentan la inestabilidad social.
Diversos estudios criminológicos apuntan que la delincuencia tiene una distribución territorial determinada 1 —sin lugar a dudas la delincuencia es un fenómeno preponderantemente urbano—, esta distribución se relaciona con el contexto de cada entidad federativa, por ejemplo, en nuestro país los mayores índices delictivos tienden a concentrarse en las grandes ciudades.
El caso del D.F. merece un estudio particular, pues el acelerado progreso científico y tecnológico, así como el perfeccionamiento de los medios de transporte, han apoyado a la producción y al comercio, a la vez que aceleraron el ritmo de las migraciones a las zonas urbanas, propiciando importantes cambios sociales. La multiplicación de los sistemas y medios de comunicación (computadoras, telefonía celular, automóviles, aviones e incluso de tarjetas de crédito) han traído como consecuencia cambios en el estilo y ritmo de vida, así como la aparición de una serie de nuevos delitos.
En este sentido, la interacción de todos los factores mencionados influye en el estado general del incremento en la criminalidad de un país. El caso de México no es la excepción.
Entre la década de los 60 a la de los 80, México presenció un aumento en el producto interno bruto a una tasa anual de 7.1% (Garza, 1998, revista DEMOS, pag. 23); el cambio en la estructura económica resultante implicó una acelerada expansión de la población urbana. La característica esencial de esta expansión fue la alta concentración en el área urbana de la Ciudad de México. En los años ochenta, el D.F. experimentó un crecimiento desmedido e incontrolable y una conurbación con el Valle de México. Aún así, el fenómeno criminal se mantenía dentro de los límites controlables pero no dejaba de presentarse como un signo de alerta para el futuro inmediato.
A partir de 1982 la actividad económica y financiera del país se vio sometida a una gran contracción y a elevados índices de inflación a causa de la crisis económica y de la deuda externa. En consecuencia, se dieron importantes cambios sociales que dificultaron e intensificaron de manera acelerada el déficit de vivienda, empleo y servicios públicos. De 1980 a 1990, el índice delictivo registro un aumento del 43%. (INEGI, 1980-1990).
A principios de la década de los 90, México vivió una aparente estabilidad social y económica, situación que coadyuvó a la firma del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, sin embargo, la crisis económica y social estalló (1994-1995) y dos años después la delincuencia se desató como nunca antes. Para 1996 la delincuencia creció, según los registros oficiales, 34.4%.
De esta manera, como consecuencia de su magnitud demográfica y como resultado de las políticas económicas y sociales de las últimas décadas, la capital y algunas otras ciudades de nuestro país se constituyeron como las urbes con altos niveles de actividad delictiva, situación que ha propiciado que la inseguridad sea uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía.
A pesar de los costos que este problema representa en términos personales, comunitarios, económicos y sociales, su investigación ha sido soslayada, pues la falta de fuentes de información confiables limita el conocimiento de los verdaderos patrones, tendencias y distribución espacio-temporal del delito.
Como todo fenómeno social, la delincuencia requiere de un análisis cuidadoso y sistemático para encontrar explicaciones racionales y posteriormente, estar en condiciones de diseñar políticas sociales tendientes a su solución.
En nuestro país, la forma como se ha medido el fenómeno delictivo es contabilizando el número de denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público y en segundo término, por el número de consignaciones judiciales y de sentencias ejecutadas.
La principal limitación que tienen estas formas de cuantificar la incidencia delictiva surge del subregistro, al considerar únicamente los delitos denunciados ante las autoridades, quedando fuera una gran proporción de eventos que no son denunciados. Se sabe que no todas las víctimas de un delito lo hacen del conocimiento de la autoridad. Estudios realizados2 demuestran que una gran mayoría de ciudadanos (más del 75%) optan por no denunciar los delitos de los que han sido víctimas, entre otras razones: por temor a represalias; por la pérdida de tiempo que implica la denuncia; por desconfianza en que las autoridades persigan a los responsables; por evitar ser sujetos de chantaje o corrupción, por considerar que el daño fue irrelevante, o bien porque recibieron un mal trato por parte de las autoridades.
Un segundo aspecto que limita la posibilidad de contar con un conocimiento real del problema es la inconsistencia en los registros oficiales, en la medida que no todos los delitos denunciados se contabilizan en las estadísticas finales, ya sea por errores de procedimiento, discrecionales o corrupción dentro de los sistemas de procuración y administración de justicia. La ausencia de denuncia ciudadana y la manipulación de las cifras por parte de las autoridades genera lo que se conoce como cifra negra de la delincuencia.
La información obtenida por medio de las instancias gubernamentales proporciona una interpretación insuficiente del problema delictivo al utilizar cifras parciales, lo que imposibilita un diseño adecuado de políticas de atención en la materia. Una consecuencia negativa adicional, es la erosión de la confianza entre autoridades y ciudadanos. El sentimiento de inseguridad y desconfianza generalizada opera en contra de la estabilidad social.
Ante esta problemática, se han aportado diversas soluciones que van desde medidas de autoprotección individuales hasta propuestas más elaboradas por organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas.
La participación ciudadana en este sentido, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para impulsar estrategias y políticas de seguridad pública.
Aunque en —y por— principio la seguridad pública es un servicio público, responsabilidad del Estado del cual todos los ciudadanos son receptores; el rol que juega la ciudadanía al acercarse a las autoridades de seguridad pública es el influir para que los servicios respondan a las necesidades de seguridad y que se proporcionen de manera transparente, eficiente y apegados al Estado de Derecho.
La participación ciudadana se puede dar de varias formas:
- Medios de comunicación.
- Mecanismos ciudadanos formales de rendición de cuentas.
- Organizaciones civiles y no gubernamentales.
Un caso realmente ilustrativo de lo que la participación ciudadana puede proporcionar en términos del combate o reducción de la delincuencia lo presenta la ciudad de Bogotá, Colombia. A partir del año 2000 presentó una disminución significativa en los delitos de mayor impacto social. El homicidio pasó de una tasa de 83 homicidios por cada 100.000 habitantes, a 34.8 en 2000.3
Una buena parte de las medidas adoptadas en Bogotá tuvieron que ver con acciones institucionales, como:
Mejoramiento del servicio de la Policía Metropolitana. Se modernizaron los sistemas de comunicación de la policía, traduciéndose en una más eficiente acción contra la delincuencia y mayor capacidad de respuesta; se establecieron más Centros de Atención Inmediata (CAT) y se destinaron recursos para programas de capacitación y actualización de oficiales, suboficiales y agentes.
Implementación de la justicia alternativa (justicia cercana al ciudadano). Resolución pacífica de conflictos entre particulares y el facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial.
/Atención a jóvenes involucrados en asuntos de violencia y consumos de drogas. Se desarrollaron actividades encaminadas a reinsertar a los jóvenes en procesos educativos, laborales y sociales a través del desarrollo de hábitos, actividades recreativas y de formación.
Sin embargo, en lo que se refiere a la participación ciudadana en temas relacionados con seguridad, se contó con un gran apoyo social para llevar a cabo algunas de las siguientes medidas con las que se lograron disminuir no sólo los homicidios, sino algunos otros delitos.
Recuperación de los espacios públicos. Este aspecto, no solo contribuyó a mejorar la percepción de seguridad, sino que tuvo un impacto en el medio ambiente y se desconfiguró la triada delincuente, entorno y victima, indispensable para que se posibilite el delito.
Prevención de la accidentalidad vial. Con el propósito de reducir los índices de muertes y lesiones en accidentes de tránsito, se implementaron una serie de políticas preventivas de control y sanción a conductores embriagados, el uso obligatorio de casco y chaleco para motociclistas, recomendaciones para peatones y las acciones de cultura ciudadana como el uso del cinturón de seguridad, el respeto de las normas de tránsito.
Implementación de la "Hora Zanahoria". A través de diversos estudios se descubrió que la hora en la que ocurrían la mayoría de los homicidios era entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana, y estaban cruzados con factores como personas que portaban armas, que habían consumido alcohol y estaban en la calle en la noche. Para ello se estableció que la venta de alcohol sería solo hasta la 1:00 de la mañana, funcionando muy bien porque la vida nocturna comienza a las 8:00 de la noche.
Construcción cultural. Se trabajó con diversos sectores para lograr transformaciones culturales en la ciudadanía, no para que simplemente no delinquiera, sino para que incorporara a su comportamiento cotidiano hábitos pacíficos y mecanismos pacíficos para resolver sus conflictos.
En este contexto, se creó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad como asociación civil sin fines lucrativos con el propósito de generar estadística que permita la cuantificación de la criminalidad a través de la elaboración de encuestas victimológicas, instrumento de medición del fenómeno delictivo con todas las características técnico-metodológicas y de confiabilidad que permitan generalizar los resultados y obtener cifras sobre los delitos cometidos y la percepción de inseguridad. El diagnóstico de la victimización, requiere de métodos descriptivos (distribución de frecuencias, graficación de promedios, error estándar, aplicación de tablas de contingencia múltiples, coeficientes de correlación, etc.), cuya aplicación depende del tipo de variables analizadas. Este tipo de investigaciones requieren de un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo por lo que es necesaria la participación de investigadores de diversas áreas, pues el problema analizado debe incluir la interpretación multidisciplinaria e intercambio de ideas sobre violencia, criminalidad y victimización.
La importancia de este tipo de encuestas es que, al entrevistar a la población acerca de sus experiencias como víctimas de un delito y sobre sus percepciones sobre la inseguridad, se obtiene información de primera mano que permite planear el combate a la delincuencia con bases más firmes. La información recopilada se refiere a los delitos que han sido cometidos en contra de las personas o sus propiedades (el lugar y la hora del incidente, el daño ocasionado, y si éste fue denunciado o no a las autoridades, y sobre las víctimas, su edad, sexo, situación socioeconómica, sus actitudes y conductas respecto al hecho delictivo, entre otros muchos aspectos), así como la percepción que tiene la población sobre las políticas de seguridad pública; también se incluyen preguntas acerca del comportamiento de las autoridades para con las víctimas, con el fin de crear una base de datos, conjuntado los resultados de la encuesta y los datos oficiales disponibles, que pueda ser utilizada para evaluar el desempeño del sistemade seguridad y justicia, lo cual genera mayores elementos cuantitativos y cualitativos para la acción de políticas de seguridad pública con un carácter integral.
En este sentido, uno de los principales beneficios que puede generar la participación ciudadana en cuestiones de seguridad pública es el proporcionar un mayor control y establecer sistemas de rendición de cuentas de las policías y autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, así como su democratización.
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1 Dr. Rafael Ruiz Harrell, La Ciudad y el Crimen, Enfoque del diario Reforma, junio 2005.
2 Elaborados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C.
3 Antanas Mockus Sivickas, . Alcaldía Mayor de Bogota, DC. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN BOGOTA. LOGROS Y RETOS 1995-2001. Como se logró reducir la violencia y la delincuencia.
