Pena de muerte
BOLETÍN / BP-ICESI-06 / febrero 2003
Respecto de la consulta promovida en el Estado de México por la Alianza para Todos, de la que forman parte el PRI y el PVEM, acerca de la pertinencia de reformas legislativas en virtud de las cuales ciertos delitos graves se sancionarían con la pena de muerte o con cadena perpetua, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) manifiesta:
Ni la pena de muerte ni la cadena perpetua han logrado, allí donde existen, abatir la criminalidad. En cambio, la eficacia en la persecución de los delitos sí es un factor determinante para tal fin. El Marqués de Beccaria lo advirtió hace más de 200 años: la certeza de un castigo, aunque moderado, hará siempre una mayor impresión que el temor de otro más horrible unido a la esperanza de la impunidad.
En efecto, para la mentalidad criminal, saber que si se delinque existen altas posibilidades de no ser detenido es en cierta forma una invitación a delinquir. En el estado de México, la impunidad es altísima.
La pena de muerte no permite rectificar y reparar el nada infrecuente error judicial. La gran cantidad de yerros judiciales fue lo que recientemente motivó al Gobernador de Illinois, Estados Unidos, a conmutar la pena capital a todos los condenados a ésta.
La cadena perpetua no es compatible con la finalidad de readaptación social que, de acuerdo con la Constitución, tiene nuestro sistema penitenciario.
Aún si lograse abatir la delincuencia y los jueces fueran infalibles, la pena de muerte es inaceptable por motivos éticos. El Estado, representante de la sociedad en su conjunto, no puede comportarse como los criminales. La vida humana es sagrada. La decencia nos impide admitir la pena capital.
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2003.






