Comunicados En torno al Plan Anticrimen
Comentarios en torno al Plan anticrimen: Acuerdo Nacional para un México Seguro
Comentarios en torno a los 10 puntos del acuerdo establecido en la 19ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública1 entre gobernadores y el gobierno federal.
Destinar mil millones de pesos al presupuesto de seguridad pública para el año 2006.
Destinar más dinero contra la delincuencia ha demostrado no tener una relación directamente proporcional a su abatimiento, sino todo lo contrario.
Estudios del ICESI apuntan que mientras que en 1997 cada delito tenía un costo aproximado de $100 pesos, en 2005 el costo por delito denunciado es de $593.7 pesos. Para este análisis se tomaron en cuenta únicamente los recursos destinados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que asigna el SNSP a las entidades federativas y los delitos registrados por las procuradurías generales de justicia locales. Si a este dato le sumáramos también lo gastado directamente por cada entidad y municipio, por las instituciones federales encargadas de la prevención y persecución de los delitos, así como de aquellos delitos que se cometen y que no quedan registrados, es decir la cifra negra, podríamos estimar un costo por delito de más de $4,400 pesos.
En este sentido, no se deben destinar más recursos sin establecer políticas y medidas de transparencia que permitan conocer su efectividad en la lucha anticrimen.
Implementar 20 operativos conjuntos entre policías del país de combate a la delincuencia.
Analizar con EU y con gobernadores fronterizos de ambos países la situación; Reforzar la vigilancia en aduanas; Frenar el ingreso de armas ilegales y Pedir a fabricantes que controlen el envío de armas a México.
Proponer la implementación de operativos conjuntos nos habla de la falta de coordinación entre corporaciones policíacas del país. A pesar de ser un requisito indispensable en el combate a la inseguridad exigido por la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública —promulgada desde 1996—, parece inverosímil pensar que 9 años después, hasta esta 19ª sesión del Consejo Nacional —celebrada en agosto de 2005—, se propongan medidas encaminadas a realizar operativos.
El numeral VI del artículo 10 de dicha ley señala “La coordinación comprenderá las materias: (…) acciones policiales conjuntas, en los términos del artículo 5º de esta ley (es decir, con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones y autoridades que intervienen en el Sistema Nacional)…. ¿qué ha pasado con ello? Con 33 legislaciones penales distintas de cada una de las entidades federativas más la federal, aplicadas por gobiernos distintos, con Ministerios Públicos y cuerpos policiacos de prevención y de investigación propios…, es difícil lograr una coordinación eficaz.
El problema de los operativos es que no responden a ninguna estrategia, ni plan, ni programa. Los operativos son por su índole temporales y sus efectos suelen ser sobre todo mediáticos. Una política de Estado tendería a atacar las causas estructurales de dicho problema. Una política criminológica atendería los factores sociales condicionantes del crimen y se afanaría en mejorar las instituciones creadas para controlarlo.
Iniciar un programa de recompensas.
Desde la V Sesión del Consejo Nacional que se celebró en 1998, se estableció un programa de dotaciones salariales, méritos y recompensas a servidores de seguridad pública.
Sin embargo, cualquier programa de recompensas debe ir acompañado —obligatoriamente— de evaluaciones permanentes para todas las corporaciones de todo el país (semestrales o anuales): policías preventivos, Ministerios Públicos, policías ministeriales o de investigación. La evaluación debe incluir aspectos físicos, toxicológicos, de conocimientos, de eficiencia y revisiones socioeconómicas de sus condiciones de vida.
A pesar del destino de recursos para la profesionalización de los cuerpos policíacos del país a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que asigna el SNSP a las entidades federativas, no hay programas permanentes en este sentido.
Todos los diagnósticos que se han realizado sobre el problema de la seguridad pública en México coinciden en señalar que uno de los principales problemas en las instituciones policíacas es la falta de profesionalización. Sin policías capacitadas será imposible combatir la delincuencia, ocasional u organizada. Las propias corporaciones policíacas han sido infiltradas por la delincuencia o han actuado en contubernio con ésta.
Es indispensable, y debiera ser impostergable, la creación del servicio de carrera policial, dignificando esta actividad y fomentando la especialización. Hasta ahora, la capacitación y la evaluación de los cuerpos de seguridad sigue siendo una cuestión discrecional. Es importante generar un sistema que haga posible también una auditoria y evaluación de los recursos asignados a este propósito.
Para el cabal cumplimiento de estos acuerdos es necesario que el Presidente del Consejo Nacional y Secretario de Seguridad Pública establezca acuerdos inmediatos con instituciones académicas y con los titulares de los ejecutivos locales para presionarlos a profesionalizar a los cuerpos de seguridad y justicia, de manera tal que si un policía no cuenta con la instrucción mínima requerida se le dé un plazo para hacerlo o de lo contrario se le despida.
Conectar bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública con coordinaciones de las policías del país.
Es urgente hacer efectiva la coordinación, especialmente en procedimientos, suministro, intercambio y sistematización de la información y en operativos policíacos. Se lleva años hablando de este tema sin que se vean resultados tangibles.
En este sentido, podríamos apuntar que más que conectar bases de datos se tiene que establecer un sistema de información y análisis delictivo, en el cual todas las instituciones responsables de la prevención y combate a la inseguridad, así como de administración de justicia tuvieran la obligación por ley de proporcionar su información, aplicando las medidas coercitivas necesarias a la entidad o institución que no la aporte en tiempo y forma.
Controlar a empresas de autos blindados.
Al igual que las empresas de seguridad privada (punto 8 de estas notas), debiera existir —desde tiempo atrás— un control de este tipo de empresas, que se les obligue a prestar la información de su personal, de sus equipos y de los autos, para integrar una base en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Operar los números 066 y 089 de emergencia y denuncia anónima respectivamente.
La falta de coordinación ha impedido contar con un número único a nivel nacional, para la atención de llamadas de emergencia y auxilio para la ciudadanía.
Una de las entidades que frenó este acuerdo durante años fue el Distrito Federal. Se espera que las nuevas autoridades capitalinas cumplan con los acuerdos que establecen y se insista en dejar el 066, como en el resto del país, por ser ese el prefijo que se aprobó en el seno del Consejo Nacional desde 1999. Sin embargo, es de suma importancia que el Secretario de Seguridad Pública, como Presidente del Consejo Nacional en la materia, de un seguimiento puntual a este punto, para evitar el rezago que se tiene a la fecha.
Por otra parte, establecer el número de denuncia anónima deberá ser una propuesta muy bien trabajada, ya que en caso de que las autoridades no brinden la atención que la ciudadanía exige ante una emergencia se generará desconfianza e indiferencia para denunciar. Se requiere recobrar la confianza en la sociedad de que su denuncia será atendida.
Depurar corporaciones de seguridad.
Este es (o al menos debiera ser) un requisito primario y fundamental en la lucha contra la delincuencia. No se puede seguir manteniendo personal corrupto y/o ligado a bandas de criminales en las corporaciones de seguridad y justicia del país. La depuración forma parte del proceso de profesionalización. Este programa también fue planteado y aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública desde hace más de un lustro. Ahora se vuelve a proponer como la gran acción del momento.
El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del Sistema Nacional busca precisamente contar con un expediente completo de cada funcionario dedicado a estas labores, con la información necesaria que permita identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales (con el registro nacional de huellas dactilares, conocido como AFIS —por sus siglas en inglés: Automatic Fingerprints Identification System—), fotografía, escolaridad (cursos y prácticas que ha tomado), antecedentes laborales y trayectoria en los servicios de seguridad pública (sus evaluaciones en los exámenes que se les practican) así como cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, y las razones que lo motivaron.
Aumentar el control de empresas de seguridad privada.
La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública dedica su Título Cuarto (artículos 52 a 54) a los servicios privados de seguridad señalando los requisitos y las condiciones para su operación. Como señalábamos anteriormente, esta ley tiene más de 10 años y es gravísimo que hasta este momento se estén queriendo establecer más controles a dichas empresas, ya que están (como señala la propia exposición de motivos de la ley) las empresas obligadas a prestar la información de su personal y sus equipos para integrar una base en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Bloquear señales de telefonía celular en prisiones.
Identificar las llamadas que se realizan desde la cárcel.
Es elemental el contar con bloqueadores de señales de telefonía celular en los CERESOS y CEFERESOS del país. Las llamadas de amenaza desde las prisiones han ido en aumento en los últimos meses y no puede postergarse una medida tan básica como esta. Al igual que en los acuerdos anteriores, es necesario que el Presidente del Consejo Nacional (Secretario de Seguridad Pública) establezca acuerdos inmediatos con los titulares de los ejecutivos locales para presionarlos a bloquear las señales con las empresas que brindan el servicio de telefonía celular a nivel local.
Crear el programa "Año Nacional de la Protección Ciudadana en la Prevención del Delito"
Deben formularse propuestas viables (y las acciones conducentes para llevarlas a cabo) en la materia: 1. Policía de proximidad; 2. Observatorios ciudadanos; 3. Garantizar la elaboración de encuestas victimológicas permanentes, otorgando recursos y viabilidad a las instituciones que ya existen para ello, como el ICESI; 3. Campaña de cultura de la legalidad y denuncia entre la población, con apoyo de las televisoras y organizaciones empresariales; 4. Reevaluación de espacios públicos en las principales ciudades del país y en aquellas con mayores índices delictivos… solo por mencionar algunas.
A nuestro parecer, estos 10 puntos del plan anticrimen carecen del punto más importante que es establecer la rendición de cuentas de las instancias que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública (en donde éstas no fueran juez y parte) para evaluar la eficacia de los programas establecidos y para reorientar las acciones correspondientes.
----------
1 Sesión celebrada el lunes 22 de agosto de 2005.
