Artículos El Costo de la Violencia
El costo de la violencia
Jorge Villalobos
La lista es larga: policías federales, patrullas, armas, entrenamiento, demás equipo; el aparato judicial, investigadores, averiguaciones previas; las tareas de combate a la inseguridad realizadas por el Ejército y la Marina; el sistema penitenciario, y hasta el presupuesto de la Secretaría de Gobernación en labores que tienen que ver con la seguridad pública. Más lo que gastaron estados y municipios en ese rubro.
Durante el lapso que abarca, desde la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, la gestión completa de Vicente Fox y la de Felipe Calderón, hasta 2007, los recursos destinados a seguridad suman 961,953 millones de pesos. Algo así como 94,300 millones de dólares, al tipo de cambio actual. Puesto en perspectiva, el monto representa 3.5 veces el Fondo Nacional de Infraestructura, que cuenta con unos 270,000 millones de pesos para invertir hasta 2012.
Para desdicha de los ciudadanos, tan exorbitantes recursos de poco han servido para reducir el crimen, según varios especialistas. Hay más internos en los penales –el número de reclusos pasó de 114,300 a 218,900 entre 1997 y el año pasado–, pero de acuerdo con Guillermo Zepeda, profesional asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, el número de denuncias no ha bajado. Por el contrario, se registraron 1.6 millones de acusaciones en 2007 contra 1.5 millones hace 11 años. Eso sin contar la cifra negra, los delitos que no se denuncian. De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, ICESI, en promedio se sentenció a 1.2 por ciento de los delincuentes entre 1997 y 2006, considerando la cifra negra.
Sólo el año pasado, el gasto total en seguridad pública ascendió a 128,900 millones de pesos en total, o 1,187 pesos per cápita –182 por ciento más que en 1997–. En términos relativos, esa cifra representa 1.2 por ciento del Producto interno bruto (una décima parte más que en 2006 y la cifra más alta en los últimos 10 años, sólo superada por la cantidad récord en 2004, otro año de recrudecimiento de la violencia, que alcanzó 148,316 millones de pesos).
Las cifras fueron determinadas por el investigador Arturo Arango del ICESI, a partir de los recursos de que disponen el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, así como la parte de los presupuestos que destinan a seguridad la Secretaría de Gobernación, el Poder Judicial, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina. Asimismo, la estimación incluye lo que destinan a este rubro estados y municipios.
De los 128,900 millones de pesos gastados el año pasado para combatir al crimen, los organismos que más recursos absorbieron fueron el Poder Judicial (19.5 por ciento) y el Ejército (25 por ciento), seguidos de lejos por la SSP Federal (10.7 por ciento). Los estados ejercieron 23.8 por ciento del total del gasto.
Asimismo, Arango estableció un índice de la incidencia delictiva frente al gasto en seguridad pública, a partir del cual determinó que entre 1997 y 2007, mientras el gasto se ha más que cuadruplicado, el registro de delitos se ha mantenido prácticamente estable, sin variaciones significativas. Es decir, que pese a que se gasta cada vez más para combatir al crimen, no hay resultados. “Le estamos echando dinero bueno al malo”, opina el investigador. El costo actual por cada averiguación previa se ha incrementado casi cinco veces en 10 años.
15 POR CIENTO DEL PIB
Pero más allá de las cifras presupuestales, el costo de la violencia, los robos, los secuestros, la corrupción de los cuerpos policíacos y, en general, de la inseguridad, es mucho más alto para el país. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dio a conocer recientemente un balance al respecto, con base en datos del Banco Interamericano de Desarrollo. El costo es de unos 120,000 millones de dólares o alrededor de 15 por ciento del PIB. El propio BID calculaba a fines de los años noventa que los costos económicos de la violencia social en México representaban 12.3 por ciento del PIB. Estos gastos incluyen no sólo los recursos para prevenir el delito, sino también para atender a las víctimas –tratamiento médico y terapia psicológica, por ejemplo–, y capturar y castigar a los perpetradores. Así como servicios sociales para reinsertar a los presos a la sociedad, entre otras cosas.
Ello hace que determinar el costo de la inseguridad para el país sea una tarea difícil. No es fácil medirlo. Pero sin duda está ahí. La merma en la imagen internacional de México, por ejemplo, ya ha provocado que gobiernos como el de Gran Bretaña y Suiza comenzaran, a principios de agosto, a recomendar a sus ciudadanos que desconfíen de la policía mexicana, ya que ésta ha sido involucrada en casos de secuestro, según reportó el diario El Universal. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico sugiere cautela y discreción para tratar asuntos financieros y de negocios. Por otro lado, el de Alemania desde hace meses aconseja no oponer resistencia en caso de sufrir algún delito, para evitar que los criminales usen sus armas.
Es difícil precisar cuántos turistas extranjeros deciden evitar una visita al país influidos por esta clase de recomendaciones. Lo cierto es que cada turista que elija otro destino, se llevará consigo los alrededor de 700 dólares que gasta en promedio durante su estadía.
En general, el crimen desfavorece el desarrollo económico y la competitividad. “La violencia social impide el desarrollo económico.
A nivel micro, la violencia social reduce la formación de capital humano porque induce a algunos individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educacionales; también disuade a algunas personas a que estudien de noche por miedo al crimen violento. A nivel macroeconómico, reduce la inversión extranjera y la nacional; también puede bajar el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las posibilidades de crecimiento futuro de un país”, dice el BID en un estudio titulado La violencia en América Latina y el Caribe: un marco de referencia para la acción.
“La delincuencia, al imponer pérdidas económicas y materiales a las víctimas mediante actos ilícitos, actúa como un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y que genera un deterioro en el Estado de derecho, contribuyen a inhibir la inversión y, por ende, incide negativamente en la formación de capital, la pérdida de competitividad de la planta productiva y en una menor generación de empleos”, informa por su parte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en un análisis publicado recientemente.
En los negocios, México es percibido como un lugar donde los costos de la inseguridad son mayores que en el promedio de América Latina y que en otras naciones de la región. El país está por debajo del promedio regional en el indicador Costos del crimen y la violencia para el negocio –disponible en DataGob, del Banco Interamericano de Desarrollo– (2.4 contra 2.9 regional, donde 1.0 equivale a costos significativos en el negocio, y 7.0 a que estos factores no imponen gastos significativos). El índice es parte de una encuesta de opinión del Foro Económico Mundial que es conducida por el Informe Mundial de Competitividad, y para el país ha sido consistentemente menos favorable que el promedio en Latinoamérica entre 2002 y 2006 (ver tabla). Brasil, Colombia y Chile registran 2.7, 3.0 y 4.6, respectivamente; es decir, todos están mejor calificados que México.
No es de sorprender que los hombres de negocios, a través de sus organismos de representación, se hayan sumado a las exigencias de diversos sectores de la sociedad –después del asesinato del joven Fernando Martí– para que el gobierno mejore la seguridad pública. “La inseguridad afecta [la inversión] en la medida en que las empresas deciden no invertir en México, pese a la mano de obra barata y su ubicación geográfica”, dijo a PODER Iren Castillo, profesor de la Universidad Panamericana.
PREVENIRSE CUESTA
De acuerdo con los resultados de la Tercera Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana, realizada por el ICESI, el robo representó 73 por ciento de los delitos cometidos durante 2004.
A partir de ese dato, el CEESP calcula –al considerar que los robos donde la víctima indicó el monto del hurto, fue de 7,819 pesos en promedio–que sólo por este delito las pérdidas económicas fueron de 62,500 millones de pesos o 0.8 por ciento del PIB.
Pero el crimen no sólo tiene un alto costo durante la comisión de una acción delictiva, sino antes y después. La cifra por robo podría ser menor de que lo que la sociedad gasta en medidas de seguridad, que es una suma adicional a la que destina el Estado. Según el citado organismo, el gasto en acciones preventivas hechas por ciudadanos y empresas puede llegar a ser poco más de dos por ciento del PIB.
El CEESP parte del supuesto de un estándar por familia de 1,000 pesos al año para medidas de seguridad y de 15,000 pesos en promedio por empresa. Puesto que en 2005 había 24 millones de viviendas en el país, el pago de las familias habría ascendido a 120,000 millones de pesos, que como proporción del PIB de ese año representa 1.5 por ciento. En cuanto a las compañías, si se considera que en 2004 operaban 4.2 millones de unidades económicas, los recursos invertidos serían de 64,350 millones de pesos, equivalente a 0.8 por ciento del PIB.
El centro de investigación, que es parte del Consejo Coordinador Empresarial, reconoce que resulta exagerado asumir que todas las familias destinen dinero para protegerse del crimen. No obstante, “aun suponiendo que solamente la mitad de los hogares realizan estos gastos, el monto seguiría siendo significativo”, dice en uno de sus análisis.
Lo cierto es que muchas personas y empresas han optado por tomar medidas para guarecerse: colocan alarmas y cámaras de seguridad, pagan vigilancia privada en las calles y las colonias, construyen bardas o rejas, compran un perro guardián, adquieren accesorios para aumentar la seguridad de los automóviles –desde candados hasta blindaje–, instalan más cerraduras en las casas o emprenden acciones conjuntas con los vecinos para aumentar la protección de las colonias. Desde pagar un guardaespaldas hasta preferir tomar un taxi de sitio a uno en la calle, son medidas de seguridad que cuestan. Y quien puede, está dispuesto a pagarlas.
Para muestra, un dato: según Zepeda Lecuona, del CIDAC, en los últimos tres años se ha duplicado el número de policías privados registrados en la SSP. “Nuestra vida se está organizando para evitar ser víctimas de la delincuencia”, comentó por su parte Arango, del ICESI. Una verdad tan penosa como innegable. Ése es quizá el mayor costo de todos.
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Publicado en la revista Poder y Negocios el martes 9 de septiembre de 2008.
