Artículos Comentarios sobre el PLAN del DF
Comentarios al Plan de Acciones de Seguridad Pública y Justicia del DF
Arturo Aragón Durán [1]
Este documento presenta una revisión crítica del punto 2 sobre la reducción del índice delictivo, del Plan de Acciones de Seguridad, Procuración de Justicia y Gobierno 2004-2006 (al que denominaremos PLAN).
Principales Delitos
El punto 2 del PLAN enumera[2] los principales delitos poniendo en primer lugar al homicidio doloso y nos ilustra acerca de los logros de la administración de AMLO, utilizando variaciones porcentuales sobre el total de denuncias (datos brutos) y promedios diarios sobre estos datos.
Las comparaciones realizadas en el PLAN entre promedios sobre datos brutos, es atípica en el ámbito de la investigación criminológica, por lo que no son del todo confiables.
Revisemos lo anterior. Todo criminólogo sabe que tomar la población -en datos brutos-, no implica nada en términos de delincuencia, ya que, como es lógico, y puede observarse en la práctica, mientras más población tiene una localidad, mayor será el número de delitos que allí se cometen.
Por eso, desde hace muchos años, existe la convención, en cualquier lugar del mundo, de utilizar a la población de una localidad considerando al número de delitos, que en esa localidad se denuncian y dividiendo entre el número de habitantes que residen en ella. Como el resultado de esta sencilla operación es muy pequeño, se multiplica por cien mil personas, de tal forma que, la cifra resultante nos indica la probabilidad que existe en esa localidad en particular, de que una persona sea víctima de un delito y que, además, dicha persona denuncie el ilícito.
Esta última salvedad es importante en virtud que es casi imposible conocer cuantos delitos se cometen, ya que no todos se denuncian o inclusive hay delitos que se cometen y ni siquiera la víctima lo reconoce como tal. Por ello, es importante utilizar la cifra oficial en conjunto con los datos arrojados por encuestas de victimización y de autoconfesión, con objeto de acercarse a la cifra real de delitos cometidos. El hecho de tomar sólo los datos brutos, induce la utilización de recursos de una manera ineficiente, ya que se asignan más recursos a zonas que tal vez tengan mayor número de delitos, en términos relativos, pero no porque sean las más peligrosas, como parece ser el caso del PLAN.
Sin embargo y ya que el PLAN se realizó aparentemente con datos brutos, se realizará un ejercicio con ellos adoptando una ligera variación.
En lugar de tomar promedios entre tres administraciones distintas pensamos que una mejor aproximación es considerar el último año de la administración de Rosario Robles y compararla con la actuación de AMLO. Si realizamos este ejercicio, se encontrará que las reducciones señaladas en el PLAN de AMLO (en datos brutos) no son tales.
Como un simple ejemplo, consideremos el delito de homicidio doloso para los años 2001 y 2002 de la administración de AMLO en comparación con el año 2000 de la administración de Rosario Robles. Encontramos que la tendencia lineal para dicho delito va ligeramente en aumento.
Si se realiza el ejercicio para cada delito de los señalados en el PLAN, se encontrará que las variaciones no son estadísticamente significativas y que se han olvidado, además, las variaciones temporales. Es decir, que dichas reducciones en el índice delictivo, señaladas en el PLAN, nos muestran que:
- Se realizaron sobre datos brutos,
- Consideran periodos de tiempo difícilmente comparables entre sí;
- No toman en cuenta los patrones temporales,
- No consideran comparativos contra alguna otra entidad similar o contra todo el país, con objeto de saber si las tendencias a la baja, señaladas en el PLAN, corresponden a una tendencia global nacional o es privativa del Distrito Federal y, por ultimo,
- Provocan confusión entre la ciudadanía.
Si consideramos sólo el periodo 1997 - 2001, encontramos que los delitos de robo (61.98%) y lesiones (13.80%) en conjunto, representan el 75.78 % de los delitos conocidos oficialmente. Considerando sólo el periodo de AMLO (2001 – 2002) tomando únicamente los datos públicos, estos dos delitos representan el 69.3%; donde el robo, por si solo, significa el 55.3 % de las causas de las averiguaciones previas iniciadas (API).
En la gráfica 1, se muestra la tendencia que han seguido las API y sus delitos denunciados por cada 100 mil habitantes. Observando dicha gráfica, se puede señalar que aparentemente existen dos series temporales: la primera que cubre el periodo enero 1997- octubre 1999 en donde, en promedio, se tenían arriba de 20 mil denuncias o API por mes. Este hecho se muestra mediante una línea vertical que separa ambos periodos. Aunque puede señalarse que la tendencia oficial a la baja empieza a esbozarse desde el mes de mayo de 1999; baja que, con excepción de octubre de 1999, se da ininterrumpidamente durante 10 meses, hasta marzo de 2000, donde se presenta un alza. Es a partir de este momento que se vuelven a dar alzas y bajas en forma más o menos aleatoria.
Fuente: Sistema de Información Delictiva.[3]
Así, tendremos que el período que comprende mayo de 1999 a marzo de 2000, representa un periodo de transición a la baja (PTB). Antes del PTB los delitos se mueven por debajo de la banda de los 3 mil delitos denunciados por cada 100 mil habitantes (2 860 delitos denunciados por cada 100 mil habitantes en promedio mensual), mientras que en el segundo periodo, las API se mueven ligeramente por encima de los 2 mil delitos denunciados por cada cien mil habitantes (2 075 delitos denunciados por cada 100 mil habitantes, en promedio mensual).
Oficialmente estas cifras nos indican que, en el segundo periodo, se logró bajar el número de API o delitos denunciados, aunque ¡no la delincuencia!, según nuestro leal saber y entender, en un fabuloso 27.4 %., de los delitos denunciados por cada 100 mil habitantes.
Cabe señalar que más del 95% de esa disminución en el número de API se dio, durante el PTB. Es decir, que la reducción se presentó en tan sólo diez meses, mayo 1999- marzo 2000 y que correspondieron a la administración Cardenista.
En este sentido, podemos afirmar que una vez finalizado el PTB, los esfuerzos oficiales por disminuir aún más el número de API totales, no se han realizado. Si tomamos sólo al segundo periodo[4] y obtenemos las tasas de crecimiento de un mes con respecto del mes anterior, obtenemos que las disminuciones se compensan con los aumentos, de tal forma que al agregar al gráfico en cuestión una línea de tendencia, obtenida mediante un análisis de regresión lineal y su correspondiente ecuación, encontramos que la tendencia es mantenerse en la misma banda de flotación de API.
Se puede realizar un análisis más exhaustivo con objeto de intentar comprender a partir de qué delito es que se dan las disminuciones. Para eso se separan las API, según el delito por el que fueron iniciadas. En este documento consideramos sólo los cuatro delitos mostrados en la gráfica 2.
Gráfica 2. API del D. F. según los delitos denunciados de homicidio, sexuales,
lesiones y robo.
Datos brutos. Enero 1997- diciembre 2002.
Curiosamente, como puede apreciarse, son los delitos de lesiones y robo los que presentan un patrón similar.
La gráfica 3 nos muestra las coincidencias existentes entre las API totales y las API por el delito de robo, las cuales se separan ligeramente en el segundo periodo lo que nos muestra que las disminuciones en este renglón se deben básicamente a que se inician cada vez menos API por este delito.
Gráfica 3. API totales vs. API de robo, tomando dos periodos de comparación.
Este hecho se manifiesta con mayor profundidad a partir de abril de 2000 que es justamente cuando se inicia el segundo periodo. Es decir que, se puede explicar la disminución en el índice delictivo (o el número de denuncias ante agencias del MP) por la denuncia cada vez menor del delito de robo.
El esfuerzo de las autoridades para disminuir las API y con ello la incidencia delictiva oficial, se ha enfocado hacia el delito de robo. Tal vez esto se deba a que en dicho delito, así como en el de lesiones, se requiere forzosamente que exista parte acusadora y si casualmente ésta no denuncia el hecho ante el MP[5], entonces no existe forma de iniciar ninguna averiguación, no se registra y por tanto no se contabiliza como delito.
Por lo anterior, consideramos que el PLAN considera como elemento central de su análisis la disminución en las API de robos y no así de otros delitos como pudieran ser el homicidio y los sexuales; en virtud de que es más difícil desmotivar la denuncia en estos dos últimos casos de homicidio y sexuales. De aquí que los patrones presentados en dichos delitos sean totalmente distintos al patrón general de robo-lesiones, e incluso, para ambos delitos (homicidio y sexuales), al realizar un análisis de regresión lineal, se encuentra que la tendencia global es creciente; aun a pesar de la extraña disminución en los delitos sexuales durante el año 2002.
Se puede desagregar aún más el delito de homicidio, entre homicidio con dolo o con culpa (doloso o culposo, según suele llamárseles) y tomando sólo el período del año 2000-2002, en donde encontramos una tendencia a la alza ligeramente en el homicidio con dolo y más pronunciada en el homicidio con culpa.
En cuanto al delito de robo si se desagrega según las modalidades principales, entonces observamos que las denuncias de este tipo que van a la baja son: robo de vehículo, robo a transeúnte y robo a transportista, mientras que las denuncias que se mantienen estables son las de robo a negocio y robo a casa habitación.
Con este análisis, se demuestra la futilidad de los promedios presentados en el PLAN y el gran beneficio que puede obtenerse si se presentaran a la ciudadanía datos oficiales con mayor profundidad, de forma tal que se pudiera desarrollar un mejor análisis. Asimismo se ve claramente la conveniencia de realizar encuestas de victimización para tener un mejor panorama de la cifra real de la delincuencia. Las cifras oficiales por si solas no bastan.
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[1] Investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C. (ICESI)
[2] Plan de Acciones de Seguridad, Procuración de Justicia y Gobierno 2004-2006. Páginas 8 - 11.
[3] La fuente de todos los datos, gráficas y cuadros mostrados en este documento corresponden al “Sistema de Información Delictiva: La Estadística de Seguridad Pública en México”, realizado por Arturo Arango Durán y Cristina Lara Medina, coeditado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y el Centro de Estudios Mexico- Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego.
[4] Es decir, comparando a los dos años de AMLO para los que se tiene información, contra los últimos nueve meses de Robles. No se considera al año de Robles, en su conjunto, por las causas ya señaladas
[5] Quizá porque el Agente del Ministerio Público disuade a la víctima de presentar oficialmente la denuncia por robo, bajo el argumento de que en la mayoría de los casos es imposible recuperar el bien lo robado, así como, que es necesario comprobar con papeles, facturas o testigos la propiedad de lo robado. En ocasiones también se argumenta a la víctima el “riesgo” que corre en caso de que se compruebe falsedad en su declaración —quien además de haber sido “victimizado”— en donde tendría que pasar cierto tiempo en prisión, por esa “falsedad”.
