Artículos Las encuestas victimológicas
Las encuestas victimológicas
Cada vez resulta más evidente que para diseñar una política criminal eficaz, no basta con la información que ofrecen las estadísticas oficiales y es necesario complementarla con los datos que sólo pueden descubrir las encuestas victimológicas. Es tan clara la utilidad de estas últimas que a pesar del esfuerzo y el costo que representa llevarlas al cabo, muchos gobiernos las han estado incorporando a sus tareas, o han venido auspiciando que las realicen organismos autónomos capaces de asegurar la confiabilidad de la información registrada.
Por desgracia, para llegar a ese punto parece necesario recorrer un largo camino cuyas primeras etapas están marcadas por el rechazo de los sectores gubernamentales a las encuestas victimológicas. El origen de la oposición es muy claro ya que, por una parte, tales estudios descubren que la criminalidad tiene un volumen varias veces mayor al que apuntan los datos oficiales y, por el otro, porque casi siempre surgen en respuesta a la insatisfacción y desconfianza que suscita la información que ofrecen las estadísticas oficiales, de tal manera que la oposición es de origen.
A lo largo de casi todo el siglo XX la información delictiva disponible en nuestro país se redujo a las series anuales de presuntos y sentenciados por género, edades, delitos y entidades federativas. Con tales datos era muy poco lo que podía hacerse: hay tantos filtros entre ellos y el acto delictivo que no puede tomárselos como punto de partida para precisar el estado o composición de la criminalidad. El llamado “principio de Sellin” que señala que en criminología un dato estadístico es menos útil mientras más procedimientos lo separen del acto delictivo, se cumple aquí plenamente.
Aunque en algunas entidades federativas, como sucedió en el DF, empezaron a recogerse estadísticas sobre los delitos denunciados a mediados de los setentas, no fue sino hasta la explosión delictiva que provocó la crisis económica de 1994-1995 y gracias a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue posible tener alguna idea sobre el monto de los crímenes que llegan a conocimiento de las autoridades en todos los Estados de la República.
No se trata, por desgracia, de datos reunidos conforme a criterios uniformes. Varias series estatales, por ejemplo, son incoherentes o contradictorias, al grado de que los totales difieren de la información por municipios. Hay Estados que clasifican los crímenes con criterios dispares; otros que recogen en sus estadísticas sólo los delitos más serios y otros, en fin, que incluyen en ellas faltas cívicas como la ebriedad o los escándalos en vía pública. Por supuesto no faltan los que alteran de un año al otro, obviamente sin aclaración alguna, las definiciones legales o las reglas para decidir qué crímenes comprenden los informes oficiales ni, tampoco, los que manipulan las cifras de manera deliberada para “demostrar” que la delincuencia está a la baja o que algún programa policíaco está obteniendo los resultados prometidos. La discrecionalidad en la recolección y presentación de las estadísticas delictivas es, así, de una latitud asombrosa.
La ciudad de Nueva York, mundialmente famosa por haber controlado su criminalidad, vio reducirse el volumen de los delitos que llegaron a conocimiento de las autoridades en 46.6 por ciento de 1995 al 2004. La reducción es creíble porque en el mismo lapso en todo Estados Unidos la criminalidad se redujo en 21.7 por ciento. En nuestro país y en ese mismo lapso, o sea del 1995 al 2004, la delincuencia apenas si varió en su volumen: de un millón 434 mil delitos pasó a un millón 429 mil. ¡Ah, pero en Campeche disminuyó en esos años 91.0 por ciento! Y lo hizo sin necesidad de contratar a Rudolph Giuliani.
Las encuestas victimológicas nos permiten detectar fácilmente tales manipulaciones. Y lo que es todavía más importante: nos permiten probarlas. Es imposible que los delitos denunciados en Campeche bajaran de 13 mil 225 en 1995 a los mil 452 a que llegarán este año cuando se tiene encuestas probatorias de que del 2000 al 2004 los delitos cometidos en total pasaron de 65 mil a 68 mil.
Puesto de otra manera: a menudo las estadísticas oficiales son tan atroces que no pueden conducir sino a diagnósticos erróneos y a políticas equivocadas. Me atrevo a afirmar que buena parte de la serie de continuos fracasos que han obtenido las autoridades frente al crimen se debe a que parten de estadísticas tan defectuosas que no saben a qué se enfrentan ni, tampoco, si sus acciones tuvieron o no el éxito que esperaban.
No sólo por eso es importante contar con información que provenga de fuentes independientes, ajenas a las autoridades en la materia -que después de todo son juez y parte-, sino porque la información que ofrecen las encuestas victimológicas es mucho más rica. Puede agrupársela no sólo por tipos de delitos, sino por sexos, edades, niveles de educación o de ingresos, tipo de vivienda y un centenar de variables más. Sólo las encuestas victimológicas nos permiten conocer a las víctimas múltiples, cuya protección y cuidado debería tener especial primacía, entre otras cosas, porque los delincuentes que las atacan son de los más activos y aprehenderlos tiene un impacto importante sobre el volumen de la delincuencia. Sólo las encuestas nos permiten decidir si la delincuencia oficial está subiendo o bajando realmente o sólo están aumentando o bajando las denuncias. Sólo con ellas podemos establecer en qué grado la percepción pública de la inseguridad es independiente de la incidencia delictiva. En suma: sin las encuestas, lo que podemos decir sobre la inseguridad pública se reduce a balbuceos, incoherencias y muy lejanas aproximaciones.
Es de esperarse que la encuesta que presentamos hoy, la ENSI-3, no sólo ayude a precisar los problemas que componen a la inseguridad y nos ayude a conocer su volumen y tendencias, sino que al mostrar su utilidad abra el camino para que a pesar del esfuerzo y el costo que implican, se sigan realizando en nuestro país las encuestas victimológicas. Esperemos que también las siga realizando el ICESI.
26 de octubre de 2005.
