Artículos Defensoría de oficio
Defensoría de oficio
Rafael Ruiz Harrell
Así no hagan gran cosa para lograrlo, los gobernantes admiten que es responsabilidad suya perseguir y aprehender a los posibles autores de un delito. Lo que no son capaces de entender, y menos aun de cumplir, es que al llegar a tribunales el propósito ya no es condenarlos y sancionarlos a toda costa, sino hacer justicia. El juicio penal no es ni puede ser un proceso inquisitorial: para poder darle a cada quien lo que justamente le corresponde, o al menos intentarlo, debe ser un combate legal entre adversarios de fuerzas más o menos semejantes.
Es necesario, por ese motivo, que el gobierno del Estado entienda que uno de sus deberes fundamentales es proporcionarle un defensor de oficio capaz a quienes no puedan pagarse uno privado. Por desgracia la obligación es cumplida con tanto desinterés y desgano que no es excesivo afirmar que no se la cumple.
Deberes
La Constitución establece ese deber de gobierno en su artículo 20. En él señala que si el acusado no quiere o no puede nombrar defensor, el juez le designará uno de oficio, en la inteligencia de que el indiciado "tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera". Hoy en día entre el 70 y el 75 por ciento de los acusados precisan de los servicios de un defensor de oficio. La proporción ha venido aumentando -era de más o menos el 50 por ciento al principiar los noventas-, porque entre los detenidos cada vez hay más pobres que no pueden costearse un abogado privado.
La proporción de quienes requieren defensores de oficio y la de quienes son encontrados culpables al término del juicio corren de manera casi paralela. En 1990 de los sometidos a un proceso penal en el DF se encontró culpables a 61.3 de cada cien. En 1995 la proporción había subido al 85.6. Era ya de 89.6 en el 2000. De ahí llegó a 93.4 en 2004. Se calcula que en 2005 la proporción puede llegar más o menos a 95.
Un elemento fundamental de que se encuentre culpables a una proporción tan desmedida de los acusados es, sin duda, el hecho de que carecen de una defensa adecuada. Esto se debe a que los defensores de oficio -que por desgracia dependen del Ejecutivo-, están muy mal pagados y tienen una carga excesiva de trabajo. Aunque hay honrosas excepciones, como los sueldos son bajos por regla general los defensores de oficio son abogados mediocres que están mal preparados. Si a esto se le añade que, en promedio, tienen que preparar la defensa en poco más de treinta casos por mes, no es de extrañar que cada vez sea mayor el número de los que pierden y, en consecuencia, sea más grande la proporción de los acusados que reciben una sentencia condenatoria.
Desinterés
El problema capital de las defensorías de oficio, al menos por ahora, es su falta de recursos. No es extraño que así sea: como los gobernantes creen que a más presos, menos delincuencia -lo que es erróneo-, dirigen el grueso de sus recursos a las policías y procuradurías. El problema es viejo, pero afortunadamente en el 2000 se abrió un camino para empezar a resolverlo. La Ley de la Defensoría de Oficio, vigente a nivel federal, ordenó que los ingresos y presupuestos de los defensores de oficio deberían de homologarse con los de los agentes del ministerio público adscritos a los juzgados penales. El razonamiento es impecable: sólo si el defensor y el acusador cuentan con los mismos recursos y obtienen ingresos similares puede llegar a haber equilibrio entre las partes y justicia en los juicios.
El cambio ha sido lento a nivel federal, pero poco a poco se ha venido consolidando. En el ámbito local la transformación ha sido todavía más lenta y en algunas entidades federativas incluso ha sido inexistente. El más triste ejemplo es el de nuestra capital, donde los jefes de gobierno se han negado sistemáticamente a resolver el problema. Andrés Manuel López Obrador, así proclame que primero son los pobres, dijo que no tenía dinero para hacerlo y hace una semana Alejandro Encinas declaró que aunque los defensores de oficio dijeran misa, no iba a homologar sus ingresos con los del MP. La Asamblea Legislativa, dedicada a subir las penas a límites irracionales, no sabe siquiera que existen los defensores de oficio.
El problema es en todo más serio de lo que parece. No sólo se trata de mejorar la situación de los defensores de oficio, sino de impedir que sigan siendo condenados inocentes.
