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El ICESI
Luis de la Barreda Solórzano
Un bien revalorado.
La criminalidad apaga muchas luces, entierra muchas esperanzas, aniquila muchos anhelos, y la hemos visto, impotentes y atónitos, crecer desmesuradamente en los últimos tres lustros. Se convirtió en una de nuestras pesadillas finiseculares y hoy, al inicio del tercer milenio, sigue siendo motivo de jaqueca colectiva. No hay campaña de candidato a algún cargo de elección popular en que no se plantee como la primera causa de angustia en los diferentes sectores de la sociedad. A todos nos menoscaba.
Como la libertad, la salud y el amor, la seguridad pública es uno de esos bienes que sólo se valoran debidamente cuando se pierden o se ven gravemente deteriorados. Hoy la estamos revalorando, reconociéndole su alta jerarquía, porque franjas muy amplias de nuestro país, en las ciudades y en la campiña, se han venido volviendo inseguras.
Un problema complejo.
En su ensayo El miedo, Pierre Mannoni observa que la serenidad y la falta de peligro no predisponen a la movilización, y de nada sirve hablar de riesgos cuando reina una calma momentánea; en cambio, “el temor disipa la molicie, el adormecimiento, sucede al quietismo del grupo y lo lleva a la actividad y al dinamismo”. Así, hemos venido tomando conciencia de la importancia que tiene prevenir y, en su caso, perseguir los delitos con un razonable grado de eficacia.
Desde luego, la respuesta social no siempre es la adecuada. El mismo autor advierte que los individuos, al sentirse perdidos, buscan remedios apropiados para su situación, pero sucede que las soluciones que encuentran en tales circunstancias no suelen ser las mejores. “Los sustitutivos a los que se entregan, a veces con total ceguera, son también hijos del temor, y como tales lo prolongan y multiplican”. Es lo que indica Michelet al señalar la contemporaneidad entre las brujas y las épocas de desesperación.
Sin embargo, la respuesta de la colectividad no tiene que ser fatalmente irracional. La zozobra exenta de paranoia puede ser un buen indicio de salud social, lo que no resulta desdeñable. El desafío es encontrar las salidas adecuadas.
Lo que nos jugamos en ese reto no es poco relevante: atañe a nuestra calidad de vida como individuos y como colectividad; más aún: a la viabilidad de la convivencia civilizada.
Este país en el que vivimos y al que, como los enamorados respecto de su amada, tanto amamos, tanto admiramos y tanto le reprochamos, no tiene sustituto en nuestras vidas: no es posible comprarnos otro. Aquí hemos de estar lo mejor que se pueda. Aquí discurren nuestras vidas y aquí hemos de crear las mejores condiciones posibles de convivencia.
La criminalidad no siempre es objeto de puntos de vista que la comprendan en toda su magnitud, su importancia y su complejidad. Desde cierta visión simplista de derecha se le ha querido reducir a un problema policiaco, no obstante que diversos factores sociales, de muy variada índole, influyen decisivamente en su génesis y su desarrollo. Desde determinada óptica esquemática de izquierda se le ha catalogado como un asunto que perjudica exclusivamente a la burguesía y demás clases dominantes, a pesar de que los datos de la realidad muestran claramente que suele afectar también, y en ciertos delitos preponderantemente, a las clases medias y a los más pobres.
Una respuesta ciudadana.
El prestigiado criminólogo Rafael Ruiz Harrell señala tres acciones preliminares, que deben llevarse a cabo de inmediato, en el combate a la inseguridad pública: un programa destinado a ganar la confianza ciudadana, una reforma a ciertas disposiciones legales y la creación de una institución independiente encargada de llevar y analizar la información delictiva. “Entre las tareas preparatorias debe dársele también –sugiere Ruiz Harrell-- especial atención al establecimiento de una institución encargada de manejar, conservar, analizar y difundir las estadísticas delictivas. Ya no puede seguir el toma y daca sobre si son confiables o están amañadas, si son representativas o fueron manipuladas. Con ello padece la credibilidad de las autoridades y crece todavía más la desconfianza. Es necesario que quien maneje las estadísticas no sea quien las emita y, por la misma razón, es necesario también que el órgano que lo haga sea independiente y esté bajo el control de un consejo ciudadano. No se trata de un punto menor: si queremos llegar a ser capaces de llevar adelante las tareas preventivas reseñadas y de evaluar con precisión si en verdad se está logrando reducir la impunidad conforme al programa que se apruebe, requerimos de estadísticas confiables y oportunas. No hay otro instrumento”.
En atención al dramático problema de inseguridad pública en nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la revista Este país han conjuntado esfuerzos y recursos al crear el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).
La información disponible antes de la creación del ICESI no se sustentaba en el empleo de instrumentos estadísticos suficientemente confiables que permitieran el análisis óptimo de las tendencias de la criminalidad en México. La generación de un sistema permanente de estadística veraz es una necesidad primordial para la planeación de acciones que permitan, mediante la planeación adecuada, el combate eficaz contra la inseguridad.
La difusión de información poco confiable ha generado una percepción distorsionada de las tendencias de la criminalidad y ha ocasionado un profundo escepticismo social respecto de las cifras oficiales.
De ahí la necesidad de la creación de un organismo no gubernamental, con autonomía jurídica, política y técnica, un organismo ciudadano, que genere estudios y encuestas sobre tendencias en materia de inseguridad.
La creación del ICESI surge de la necesidad de contar con la instancia ciudadana que genere, utilice y difunda permanentemente información estadística estratégica en materia de inseguridad pública, para desarrollar, a su vez, investigaciones rigurosas mediante el acopio, procesamiento, interpretación y difusión de indicadores e índices sobre la violencia social en México, que sirvan de sustento para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.
El ICESI se propone constituirse en un organismo capaz de generar y aglutinar la información, y certificar su veracidad y su consistencia. Las cifras oficiales son indispensables, pero son asimismo imprescindibles las que proceden de los ciudadanos y muy especialmente las que provienen de las víctimas.
El ICESI lleva a cabo sus tareas sirviéndose de la infraestructura de las instituciones que le han dado origen. Trabaja con los métodos probados científicamente y adoptando el máximo rigor teórico en sus encuestas, investigaciones y propuestas, las que tendrán el máximo nivel de calidad internacional. Al hacerlo, irá formando los especialistas en la materia que harán posible darle continuidad a sus afanes.
El compromiso del ICESI es con la sociedad mexicana, por lo que actúa y seguirá actuando con plena autonomía, la que no puede entenderse rectamente como capricho ni desmesura sino como búsqueda objetiva de la verdad y, a partir de lo que ésta revele, formulación de sugerencias sin sujetarse jamás a la servidumbre del prejuicio o la ideología.
El ICESI sostendrá cordiales y fructíferas relaciones con las autoridades, los partidos políticos, las iglesias, las organizaciones civiles, etcétera, sin ceder un ápice de la libertad con que debe proceder un organismo ciudadano. Solamente si actúa con escrupuloso profesionalismo e irrestricta autonomía podrá ser útil a la sociedad y cumplir la misión para la que ha sido creado.
Primera encuesta nacional.
Uno de los propósitos fundamentales del ICESI es el de fincarse como la institución certificadora de toda la información que se genere y se difunda en torno a la inseguridad, y, a la vez, generar información confiable en la materia. Su primera actividad relevante fue el diseño y la coordinación de la primera encuesta nacional sobre inseguridad pública (ENSI-1), realizada conforme a estándares internacionales y métodos estadísticos sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas.
En su elaboración participaron los miembros del Consejo Técnico del ICESI, entre los que figuran destacados especialistas: la doctora Rosa María Rubalcava, del Consejo de la revista Este país; el doctor Rodolfo Loyola, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; el licenciado Raymundo Winkler, Director General del Consejo Coordinador Empresarial; el licenciado Lorenzo Peláez, Director General de la Confederación Patronal de la República Mexicana; el doctor René Jiménez, Director Técnico del Instituto, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y la licenciada Cecilia Sayeg, directora Operativo del Instituto.
La encuesta tuvo como objetivos:
- Conocer la percepción sobre la inseguridad en cada una de las entidades de la República.
- Estimar el nivel de inseguridad percibido en los diferentes ámbitos de convivencia.
- Identificar el tipo de actividades y hábitos cotidianos inhibidos por el miedo a ser víctima de conductas delictivas.
- Estimar los hechos delictivos denunciados y los no denunciados a nivel nacional y por entidad federativa.
Registrar el historial de experiencias de victimización en relación con:
- El tipo de delito;
- El lugar en que se cometió el delito;
- La reacción de la víctima, especialmente respecto del ejercicio del derecho a la denuncia;
- Las razones de la omisión de denuncia;
- El porcentaje de delitos cometidos con violencia física o moral, y, en su caso, el arma utilizada;
- El monto estimado de las pérdidas o daños económicos, y
- La edad estimada de los autores del delito.
Los hogares donde se aplicaron los cuestionarios fueron seleccionados bajo un criterio estratificado y por conglomerados. El público objetivo fueron hombres y mujeres de la República Mexicana. El tamaño de la muestra total fue de 35,001 cuestionarios, más de 1,000 por entidad federativa. La ponderación se hizo por población de cada entidad. La fuente de universos fue el censo general de población de vivienda 2000 llevado a cabo por el INEGI. La encuesta se levantó del 2 al 24 de marzo de 2002. El período de referencia fue todo el año de 2001.
El levantamiento estuvo a cargo de cuatro de las empresas encuestadoras más importantes y prestigiosas del país: Berumen y Asociados, Consulta Mitofsky, GAUSSC e Ipsos Bimsa.
No se trataba en modo alguno de descalificar o desestimar los datos oficiales sino de complementarlos con la información aportada por los ciudadanos y muy especialmente por las víctimas.
Antecedentes importantes en México son las encuestas llevadas a cabo por la revista Este País y por el programa sobre la violencia social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; pero jamás se había realizado en nuestro país –ni en ningún otro de América Latina, Asia y África-- una encuesta nacional de esta magnitud y representatividad. Constituye una aproximación cercana al problema de la inseguridad con información confiable acerca de su cuantificación fáctica y su percepción social.
En 2001, 4.2 millones de mexicanos fueron víctimas de la delincuencia.
Los daños y las pérdidas materiales ascendieron a 49,000 millones de pesos, monto que equivale aproximadamente al 0.85% del producto interno bruto.
Los delitos referidos por las víctimas –de los cuales el robo representa el 92%-- son en su gran mayoría del fuero común, es decir, de la competencia de las entidades federativas.
66% de los ofendidos no reporta el delito ante ninguna autoridad principalmente porque le parece que sería una pérdida de tiempo y que los trámites son largos y difíciles.
Sólo uno de cada cuatro delitos se denunció ante el Ministerio Público.
Se estima que el año pasado la cifra negra de la inseguridad fue de 2 millones 972 mil 230.
El 44% de los delitos se cometió con violencia, sobre todo empleándose armas de fuego.
47% de los mexicanos se siente inseguro en el lugar donde radica.
23% de la población ha dejado de realizar actividades cotidianas, como salir de noche, o abandonado ciertos hábitos, como llevar consigo dinero en efectivo, por la inseguridad.
Al menos una persona del 14% de los hogares fue víctima de un delito. La quinta parte de ellos sufrió más de un acto delictivo.
Telón.
Los mexicanos, sea cual sea nuestro color político, queremos seguridad en nuestras calles, nuestras viviendas, nuestro patrimonio, los establecimientos comerciales, nuestros vehículos y el transporte público. Sabemos que la primera injusticia social es la inseguridad y tenemos derecho a conocer, como conditio sine qua non para combatirla, sus cifras reales, hasta hace muy poco una dimensión desconocida.
Ciudad de México, julio de 2002
